“La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias y por eso (…) lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores” amenazaba en una entrevista el líder de la Comunidad Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul a inicios de esta semana. Sus palabras -que no son las primeras llamando a una radicalización aún mayor de la violencia la Araucanía- causaron honda preocupación en sectores sociales, productivos y políticos, emplazando al Gobierno a presentar acciones judiciales por el llamado a la insurrección.
Sin embargo, este martes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, adelantó que cualquier hecho constitutivo de delito se sumará a la acción legal presentada en 2018 por el gobierno anterior, pero que no iniciarán un camino judicial contra Llaitul. Ello, a pesar de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aclaró que para investigar y perseguir penalmente las declaraciones del líder de la CAM sí se requiere una acción judicial del Gobierno.
Pese a ello, este miércoles el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, reafirmó la negativa del Ejecutivo a presentar una querella contra el líder indígena.
“Si es que existe un incendio, un ataque incendiario, un ataque a las personas, el uso de armas y que se tengan las pruebas para poder hacer una querella, este Gobierno sí lo va a hacer. Lo que no hemos hecho, tal como lo dijo el Presidente, este no es un Gobierno que vaya a perseguir las ideas y eso es una línea que baja desde el Presidente en adelante”, sentenció Jackson.
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