La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) decidió no entregar un pronunciamiento final sobre la disputa entre Chile y Bolivia por las aguas del río Silala, aludiendo a las coincidencias entre los planteamientos de ambos países.
En una lectura abreviada del fallo que se extendió por un poco más de una hora, Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia, desestimó una serie de las pretensiones de la demanda original presentada por Chile en 2016, ya que en la contrademanda y las réplicas se fueron acercando las partes.
Uno de los principales puntos de discordia era el carácter de río internacional que tiene el curso de agua, lo que ha sido reconocido por ambos países, precisó la Corte.
Ante esta situación, se determinó que tanto Chile como Bolivia tienen derecho a un uso «razonable y equitativo» de su cauce, postura que era compartida por ambos países.
El tribunal contestó a gran parte de las reclamaciones con una misma frase: «Ya no tiene ningún objeto, y, por tanto, el tribunal no está llamado a tomar ninguna decisión».
«En esencia, las partes no están en disputa sobre el estado de las aguas de Silala», recalcaron.
Recordemos que el expresidente boliviano Evo Morales acusó a Chile de «robar» y «desviar» artificialmente las aguas del Silala hacia su frontera, pero Santiago contestó a eso con una demanda a Bolivia en 2016 ante la CIJ para evitar que La Paz impida el flujo hacia su territorio, al argumentar que es un río internacional entre ambos países.
Bolivia reaccionó en 2018 con tres contrademandas al considerar que las aguas eran originalmente unos manantiales nacidos en su territorio, pero que fueron canalizadas «artificialmente» gracias a unas obras hechas en la década de 1920 por una empresa de ferrocarriles anglo-chilena, Antofagasta-Bolivia Railway Company, en el Potosí boliviano.
Según La Paz, esos trabajos aumentaron el caudal del recurso hídrico hacia la frontera entre un 11 por ciento y un 33 por ciento, por lo que creía que Chile debería pagarle una «compensación» por el uso de ese flujo adicional.
Santiago rechazó ese planteamiento asegurando que, según sus cálculos, las obras aumentaron las procelosas aguas del Silala un 1 por ciento como máximo, por lo que la contrademanda de Bolivia «no tendría fundamento jurídico».
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