La Asociación Nacional de Fiscales comenzó este lunes un paro total de actividades en el Ministerio Público, acusando ‘discriminación’ en la fórmula que propuse el Gobierno para el reajuste de sueldo del sector público 2023.
Ya concretaron movilizaciones la semana pasada, que obligaron a reprogramar cerca de un 85% de las audiencias, y esta vez, solo se harán las diligencias más urgentes y ‘éticamente necesarias’ con nuevos re-agendamientos.
El Colegio Médico y los gremios del sector Judicial, son parte de los funcionarios que ganan sobre los 2,2 millones de pesos y, por tanto, recibirán un reajuste fijo de 264 mil pesos, en vez del reajuste del 12% por inflación que recibirá el resto.
Marcelo Leiva, director de la Asociación Nacional de Fiscales, emplazó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y aseguró que hay una “incoherencia” entre la prioridad en materia de seguridad y el reajuste.
Este lunes, en tanto, el presidente de este gremio, Francisco Bravo, reiteró sus críticas al “desprecio” del Gobierno, adelantando que los defensores públicos también se sumarán a la movilización.
“La señal que da el Gobierno no solamente es una señal de desprecio por los profesionales del Estado, es un mensaje para que se vayan y que no opten por el servicio público”, acusó.
“Esto no tiene que ver con un aumento de remuneraciones como señaló falsamente la ministra de Justicia, esto es simplemente exigir un trato igual para todos los trabajadores del Estado”, criticó.
“Y no es cierto, como lo dijo la ministra del Trabajo, que la situación de los fiscales se vaya a ver en una mesa en mayo, esa mesa es para otros efectos que tienen que ver con dotación, no tiene que ver con aumento de remuneraciones”, enfatizó.
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